El Ayuntamiento de Los Realejos multado por no adecuar su presión fiscal a la media de ayuntamientos de Canarias

Por quinto año consecutivo el Gobierno de Canarias impone una sanción de 192.913,38 euros, debido a la postura radical de Domínguez y a su empecinamiento por defender a los que más tienen.

Los Realejos, 28.10.2019. Izquierda Unida Canaria de Los Realejos no entiende el empecinamiento del Manuel Domínguez en continuar acumulando sanciones económicas por su negativa a equiparar la presión fiscal al resto de ayuntamientos de Canarias. En los últimos cinco años el Ayuntamiento ha sido sancionado con 663.377,73 euros, cantidad que evidentemente han pagado los contribuyentes realejeros.

Desde IUC defendemos una presión fiscal progresiva, es decir que paguen más los que más tienen y consumen. Esto no es nada nuevo ni una locura. Es simplemente lo que dice la Constitución Española en su artículo 31, establece: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”. Es decir, el Estado pone en mano de los ayuntamientos los medios para financiar las actuaciones necesarias para atender las demandas ciudadanas.

Por no atender a esa “progresividad constitucional”, en los últimos años se ha consolidado la dependencia exterior del Ayuntamiento de Los Realejos de los recursos económicos que le aportan otras administraciones públicas supramunicipales (Estado, Comunidad Autónoma y Cabildo de Tenerife). Los datos no dejan lugar a dudas: el vigente Presupuesto Municipal prevé unos ingresos de 30.384.621 euros. El Ayuntamiento aporta 11.744.177, el 38,75%; mientras que el Estado aporta 7.068.209 euros, la Comunidad Autónoma 5.896.256 y el Cabildo de Tenerife 5.645.979. En total, 18.610.444 euros, el 61,25%. A esta cantidad, ahora hay que restar los 192.913 euros de multa por el empecinamiento de Manuel Domínguez de presumir de una baja presión fiscal.

Las consecuencias para los ciudadanos son que hay menos inversiones y peores servicios públicos. Sin embargo, el grupo gobernante ha apostado por aplicar rebajas fiscales a las grandes empresas constructoras, por ejemplo, aplicándoles descuentos en el Impuesto de Construcciones, Inversiones y Obras.

En definitiva, IUC defiende una redistribución de los impuestos, para que paguen más quienes verdaderamente pueden hacerlo, para gravar en mayor medida a la riqueza y poner en marcha una política fiscal progresiva de verdad, mediante una revisión de los Impuestos y Tasas Municipales, aplicando una política fiscal proporcional al nivel de ingresos y al consumo de servicios de cada contribuyente. ¡No se trata de subir los impuestos a todos los contribuyentes, sino de qué paguen más los que más consumen y más tienen!