JÓVENES SIN ARMARIOS 2019

ELIANA ACOSTA, compañera de Izquierda Unida Canaria de Los Realejos, coordinadora del área LGTBI+ en Tenerife y candidata al Senado por Unidas Podemos, en las próximas Elecciones Generales, participará en estas Jornadas.

Mucho ánimo y adelante.

El Ayuntamiento de Los Realejos multado por no adecuar su presión fiscal a la media de ayuntamientos de Canarias

Por quinto año consecutivo el Gobierno de Canarias impone una sanción de 192.913,38 euros, debido a la postura radical de Domínguez y a su empecinamiento por defender a los que más tienen.

Los Realejos, 28.10.2019. Izquierda Unida Canaria de Los Realejos no entiende el empecinamiento del Manuel Domínguez en continuar acumulando sanciones económicas por su negativa a equiparar la presión fiscal al resto de ayuntamientos de Canarias. En los últimos cinco años el Ayuntamiento ha sido sancionado con 663.377,73 euros, cantidad que evidentemente han pagado los contribuyentes realejeros.

Desde IUC defendemos una presión fiscal progresiva, es decir que paguen más los que más tienen y consumen. Esto no es nada nuevo ni una locura. Es simplemente lo que dice la Constitución Española en su artículo 31, establece: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”. Es decir, el Estado pone en mano de los ayuntamientos los medios para financiar las actuaciones necesarias para atender las demandas ciudadanas.

Por no atender a esa “progresividad constitucional”, en los últimos años se ha consolidado la dependencia exterior del Ayuntamiento de Los Realejos de los recursos económicos que le aportan otras administraciones públicas supramunicipales (Estado, Comunidad Autónoma y Cabildo de Tenerife). Los datos no dejan lugar a dudas: el vigente Presupuesto Municipal prevé unos ingresos de 30.384.621 euros. El Ayuntamiento aporta 11.744.177, el 38,75%; mientras que el Estado aporta 7.068.209 euros, la Comunidad Autónoma 5.896.256 y el Cabildo de Tenerife 5.645.979. En total, 18.610.444 euros, el 61,25%. A esta cantidad, ahora hay que restar los 192.913 euros de multa por el empecinamiento de Manuel Domínguez de presumir de una baja presión fiscal.

Las consecuencias para los ciudadanos son que hay menos inversiones y peores servicios públicos. Sin embargo, el grupo gobernante ha apostado por aplicar rebajas fiscales a las grandes empresas constructoras, por ejemplo, aplicándoles descuentos en el Impuesto de Construcciones, Inversiones y Obras.

En definitiva, IUC defiende una redistribución de los impuestos, para que paguen más quienes verdaderamente pueden hacerlo, para gravar en mayor medida a la riqueza y poner en marcha una política fiscal progresiva de verdad, mediante una revisión de los Impuestos y Tasas Municipales, aplicando una política fiscal proporcional al nivel de ingresos y al consumo de servicios de cada contribuyente. ¡No se trata de subir los impuestos a todos los contribuyentes, sino de qué paguen más los que más consumen y más tienen!

MANUEL DOMÍNGUEZ VULNERÓ DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA.

Ya hay sentencia y da la razón IUC, quien recurrió a la vía judicial debido a la negativa continuada del Alcalde de Los Realejos de admitir a debate sus propuestas.

A partir de ahora, IUC considera que las costas del juicio deben ser asumidas por el alcalde realejero, cuyo empecinamiento poco democrático ha sido el causante de esta situación.

Los Realejos. 22.10.2019. La Sentencia 330/2019, de 23 de septiembre, de la Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por IUC contra el Ayuntamiento de Los Realejos por no admitir a debate varias mociones en el pleno.

A lo largo del pasado mandato municipal, Izquierda Unida Canaria presentó una serie de iniciativas políticas para su debate en pleno que fueron vetadas por el Alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, con el argumento de que planteaban asuntos que no eran de competencia municipal. Con ese argumento no fueron incluidas entre los asuntos de varios de los plenos iniciativas como propuesta sobre la Atención Temprana en Canarias y el mantenimiento del Servicio de Psicomotricidad de la ULL, declaración del municipio como pacifista y antimilitarista, moción sobre el caos circulatorio en la TF-5 o apoyo a las energías renovables y en contra del proyecto de introducción del gas en el Valle de La Orotava.

Es evidente que todas estas propuestas eran de interés para los realejeros y realejeras, pero la realidad es que, por un motivo u otro, al Alcalde no le interesaba debatirlas en el pleno, donde sus pobres argumentos hubiesen quedado en entredicho. Ante esta situación, Domínguez tiro de su habitual autoritarismo e impidió que muchas propuestas de IUC se debatieran en el Pleno. Ahora, la justicia le ha dicho que actuó mal.

Desde un primer momento IUC entendió que con esos vetos se vulneraba nuestro derecho de participación establecido en el artículo 23.1 de La Constitución, que dice: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

Con su postura de oposición a debatir en pleno las propuestas de IUC, el Alcalde Los Realejos negó nuestro derecho, y de las personas que representamos, a exponer los problemas de movilidad de cientos de realejeros y realejeras para desplazarse a la zona metropolitana para ir a trabajar, estudiar o a los hospitales insulares y que diariamente sufren las retenciones en la Autopista TF-5; o la necesidad del Servicio de Atención Temprana y el mantenimiento del Servicio de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna que afecta, también a personas de este municipio; o el apoyo al desarrollo de las Energías Renovables; …

La citada sentencia viene a dar la razón a los concejales de IUC, que vieron sus derechos vulnerados, ya que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que las iniciativas de los Grupos Parlamentarios, “es extrapolable al funcionamiento de los plenos (municipales) en cuanto al derecho de participación en la vida pública”.

IUC ha recurrido la parte que hace referencia a las costas del juicio, que ha quedado desierta, considerando que es Domínguez quien debe sufragar de su bolsillo este dinero, pues por culpa de su empecinamiento se ha llegado a esta situación. Esperamos también que esta sentencia sirva de arrepentimiento, y que los concejales actuales de la oposición no sufran el autoritarismo del alcalde que IUC sufrió en su momento.